Además, se activó el denominado código rojo en todo el estado. Esta medida implica un reforzamiento generalizado de la vigilancia, el despliegue de más elementos en puntos estratégicos y la coordinación de fuerzas para prevenir actos violentos contra la población civil. El gobernador hizo un llamado explícito a la ciudadanía.
Pedimos a las y los jalicienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo. El mensaje fue claro en su llamado a la calma, pero fue también notablemente escueto en detalles. No hubo confirmación oficial del nombre de la persona abatida en las primeras declaraciones de Lemus.
No hubo descripción del operativo. Hubo, en cambio, un lenguaje institucional cuidadoso que reconocía la gravedad de la situación, sin dar información que pudiera ser usada por los grupos criminales o que pudiera comprometer operaciones en curso. Desde el gobierno federal, el hermetismo fue aún mayor. Las autoridades reiteraron el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en los estados afectados.
Se informó que se esperaba un comunicado adicional en las horas siguientes con más detalles sobre los resultados de la intervención. Esa moderación tiene una lógica operativa, pero también tiene un costo político y social. En un país donde la ciudadanía ha aprendido a desconfiar de las versiones oficiales, el silencio genera sus propios rumores, sus propias narrativas paralelas y su propio miedo.
Lo que sí fue comunicado con claridad es que hasta ese momento no se habían reportado víctimas civiles relacionadas con los enfrentamientos o los bloqueos. Eso en medio del caos que vivían seis estados era la mejor noticia posible. Pero la pregunta que las autoridades se enfrentarán en los días y meses siguientes no es solo ¿qué pasó el 22 de febrero? La pregunta es, ¿y ahora qué? Porque la muerte de un líder de esa magnitud no disuelve una organización criminal.
Porque la muerte de un líder de esa magnitud no disuelve una organización criminal. Lo que hace históricamente es iniciar una guerra interna por la sucesión. Y esas guerras cuestan vidas, generalmente civiles. El gobierno mexicano tiene ante sí una ventana de oportunidad, pero también un riesgo enorme. Si actúa con inteligencia, puede aprovechar la desestabilización del CJNG para desmantelar estructuras, capturar mandos medios y reducir su capacidad operativa.
La muerte de un líder absoluto genera confusión interna, disputas por el control de plazas y traiciones entre los mandos que ahora compiten por el poder. Las agencias de inteligencia saben que ese es el momento de mayor vulnerabilidad de una organización criminal. Si actúa de forma torpe o si permite que el vacío de poder se resuelva a través de la violencia entre facciones internas, podría enfrentarse a un escenario incluso más caótico que el que existía con el mencho vivo.
